Ya es hora de que se sepa. Banif avisó a unos clientes antes que a otros para que salvasen su culito de oro.

La juez del Juzgado de Instrucción Número 39 de Madrid ha admitido a trámite la querella contra el consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz, el consejero y vicepresidente tercero del banco, Matías Rodríguez Inciarte, y otros responsables de la entidad por la congelación de los reembolsos del fondo de inversión Santander Banif Inmobiliario.

El auto, que estima el recurso de reforma interpuesto por la  Asociación para la Protección de Partícipes de Fondos de Inversión y de Pensiones y de los Accionistas de Fondos de Inversión (Activa) y deja sin efecto el de inadmisión de la querella, considera que “los hechos denunciados pueden ser constitutivos de delito de estafa, apropiación indebida y delito societario”.

El auto dictado por la juez Belén Sánchez Hernández y al que tuvo acceso Europa Press estima el recurso de reforma “en aras de garantizar el derecho de defensa de la parte”, si bien considera que el juzgado competente para conocer la cuestión es el de Instrucción de la Audiencia Nacional.

Además de admitir a trámite la querella contra el Santander, el auto procede a incoar diligencias previas, así como las actuaciones necesarias para averiguar y esclarecer los hechos, sus autores y circunstancias.

La querella criminal se dirige contra dichos directivos, así como contra el consejero delegado de Santander Real Estate, Pedro Ruiz Olivares García, y contra el presidente y el vicepresidente segundo de Banif -banco depositario del fondo-, Alfredo Sáenz y Rodrigo Echenique Gordillo, respectivamente.

Asimismo, la querella se dirige como responsables civiles directos o subsidiarios contra Santander Real Estate, Banif y Banco Santander, y el auto del Juzgado de Instrucción 39 de Madrid requiere a la entidad cántabra que remita al juzgado diversa documentación.

Por una parte, requiere a la gestora del fondo, Santander Real Estate, que remita al juzgado documentación sobre la operación de venta del inmueble del Paseo de la Castellana número 13, y que aporte una relación pormenorizada y original donde identifique todos y cada uno de los partícipes que abandonaron el fondo inmobiliario con ocasión de la ventana de liquidez de octubre de 2008.

Asimismo requiere a la gestora que dirija el expediente íntegro elaborado con ocasión del contrato de préstamo por importe de 170 millones de euros al Euríbor más 300 puntos básicos suscrito con Santander.

También solicita a Banif que identifique a todos los clientes de su sucursal en la Calle Serrano 92 de Madrid que abandonaron el fondo en la ventana de liquidez abierta en octubre de 2008.

Por otro lado, requiere a BBVA que aporte el certificado de tasación del préstamo hipotecario otorgado el 27 de febrero de 2009 a favor de Castellana Gestión Patrimonial.

COLABORACIÓN DE LA CNMV

El auto también libra de oficio a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para que aporte toda la documentación en sus archivos del fondo de inversión inmobiliaria Santander Banif Inmobiliario desde su creación hasta la actualidad.

Contra este auto cabe interponer un recurso de reforma en el plazo de tres días ante el mismo juzgado.

Según Activa, que aglutina a afectados por la congelación de los reembolsos del fondo Santander Banif Inmobiliario, el grupo Santander “captó entre 2003 y 2006, aprovechándose de la burbuja inmobiliaria, 2.490 millones de euros”, asegurando que comercializaba un fondo de inversión inmobiliario por tiempo indefinido para obtener rentabilidades estables de alquileres.

En cambio -sostiene Activa- el fondo fue un insttumento por el que Santander extrajo entre 2003 y 2008 “comisiones por más de 640 millones de euros que consumieron el 100% de los ingresos por alquileres netos y el 100% de los ingresos financieros netos y buena parte de las plusvalías reales por la venta de inmuebles que fue necesario enajenar para pagar las comisiones”.