La negociación formal para la fusión de Caixa Galicia y Caixanova inició ayer su cuenta atrás. El consejo extraordinario de la caja con sede en Vigo ratificó por unanimidad “la voluntad de iniciar los contactos con Caixa Galicia para analizar la posible confluencia de las cajas gallegas en un proyecto común”, según reconocía por primera vez de forma pública Caixanova en una nota telegráfica.

Y es que la caja que preside Julio Fernández Gayoso sigue observando muchas sombras en el proyecto impulsado por el gobierno gallego y el propio Banco de España. La primera es la necesidad de más de 2.000 millones de euros, el doble de la cantidad estimada por la auditoría encargada por la Xunta, que hablaba de 1.200 millones, el 2% de los activos ponderados por riesgo.

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¿Seguimos siendo el mejor sistema financiero del mundo?

Santander y BBVA han emitido deuda a un plazo de entre dos y siete años por importe conjunto de 15.700 millones de euros desde enero para afrontar vencimientos de deuda y cubrir sus necesidades de liquidez durante este año y el próximo.

Este importe, superior a la deuda emitida por el conjunto de entidades financieras medianas y pequeñas españolas en lo que va de año, pone de manifiesto que los dos mayores bancos españoles se pertrechan de financiación en los mercados mayoristas para encarar lo que queda de ejercicio.

Santander y BBVA tienen que hacer frente a vencimientos de deuda a lo largo de 2010 por un volumen total de 37.800 millones de euros, lo que significa la mitad del total de vencimientos para este año del conjunto de bancos y cajas de ahorros españoles.

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El plan de pensiones acumulado por el actual consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz, asciende a 75 millones de libras (83 millones de euros), lo que le convierte en uno de los más elevados del sector financiero global, según el diario británico ‘The Times’, que apunta que el máximo ejecutivo del banco cántabro percibirá tras su jubilación seis veces más de lo previsto en el controvertido plan de pensiones del ex consejero delegado de RBS, Fred Goodwin, que se vio forzado a renunciar a parte de su compensación por la presión pública.

En concreto, el rotativo británico calcula que Sáenz, de 68 años, tiene derecho bajo este acuerdo a cobrar una pensión anual de cinco millones de libras (5,5 millones de euros), equivalente al salario anual y a una tercera parte de su retribución variable media.

Asimismo, ‘The Times’ señala que el consejero delegado de Santander en Reino Unido, Antonio Horta-Osorio, obtendrá ingresos de 3,5 millones de libras (3,8 millones de euros) correspondientes al ejercicio 2009, lo que prácticamente supone triplicar los ingresos de su homólogo en Lloyds Banking Group, Eric Daniels.

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Pablo Faustino de la Vallina Martínez de la Vega, magistrado del Juzgado de primera instancia nº 1 de Gijón, firma la primera sentencia en España a favor de un colectivo contra Banif (la filial de banca privada del Banco Santander) por mala praxis bancaria en la gestión de las acciones de la sociedad Meinl European Land, una entidad con domicilio en Jersey y cotización en el mercado bursátil de Viena que en 2007 fue centro de un gran escándalo financiero que generó pérdidas millonarias a inversores de todo el mundo y cuyo presidente, Julius Meinl fue detenido por su implicación en el caso.

Se trata del segundo caso firmado en las últimas semanas en un Juzgado de Gijón en el que se condena a una entidad bancaria por no cumplir con sus deberes de información y lealtad en la venta de productos bancarios de alto riesgo y gran complejidad, lo que recibe la denominación de «swap». El pasado enero el Juzgado de primera instancia nº 6 condenaba a Bankinter por la demanda de un empresario gijonés.

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Ya es hora de que se sepa. Banif avisó a unos clientes antes que a otros para que salvasen su culito de oro.

La juez del Juzgado de Instrucción Número 39 de Madrid ha admitido a trámite la querella contra el consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz, el consejero y vicepresidente tercero del banco, Matías Rodríguez Inciarte, y otros responsables de la entidad por la congelación de los reembolsos del fondo de inversión Santander Banif Inmobiliario.

El auto, que estima el recurso de reforma interpuesto por la Asociación para la Protección de Partícipes de Fondos de Inversión y de Pensiones y de los Accionistas de Fondos de Inversión (Activa) y deja sin efecto el de inadmisión de la querella, considera que “los hechos denunciados pueden ser constitutivos de delito de estafa, apropiación indebida y delito societario”.

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