CAI, SIP, huelga
El Comité de Empresa de Caja Inmaculada (CAI) prepara una asamblea de empleados contra el Sistema Institucional de Protección (SIP) aprobado recientemente por el consejo de administración de la entidad de ahorros y que servirá para articular una ‘fusión fría’ con CajaCanarias y Caja Rioja.
Los sindicatos no descartan emprender la vía judicial y esperan reunirse con el presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, para dialogar sobre el tema.
En rueda de prensa, la presidenta del Comité, Victoria Camarena, rechazó de plano la carta entregada hoy a todos los empleados de Caja Inmaculada por la Presidencia de la entidad, en la que se defiende el SIP, lo cual “supone una clara afrenta” a los empleados, que se sienten “engañados” porque pensaban que la dirección de CAI estaba “por la labor del diálogo”.
El Comité Intercentros entiende que la actuación realizada hasta ahora ha sido “una estrategia para ganar tiempo” y llegar al 31 de diciembre con un acuerdo vinculante. La sindicalista explicó que, según el presidente de CAI, el Banco de España obliga a adoptar un acuerdo vinculante antes del próximo año, lo que sitúa a la caja en “una situación de no retorno”.
Al conocer la misiva, el Comité planteó la adopción de otras alternativas, como que CAI vaya “por sí sola” porque tiene “solvencia suficiente” y ya se está produciendo en casos como el de Caja Círculo, pero la carta de hoy da “al traste” con cualquier solución en este sentido, lamentó Camarena. Los sindicatos convocarán una asamblea de empleados para la próxima semana, aunque no fijaron la fecha.
“NO MANTIENE PERSONALIDAD JURÍDICA”
Los sindicatos opinan que el SIP “no mantiene la personalidad jurídica” de CAI, aunque sí lo pudiera hacer jurídicamente, de ahí que los órganos de gobierno de la Caja pierdan capacidad decisoria. La sindicalista expresó que se abriría “una puerta a la privatización”, pese a las limitaciones de las partes implicadas acordadas voluntariamente, sin que haya normativa legal al respecto.
La presidenta del Comité de Empresa de CAI dijo que las cajas contribuyen al desarrollo de Aragón y avisó de que se produciría “un vaciamiento” de competencias legales y estatutarias, a lo que añadió que las cajas serían “las ejecutoras” de la gestión de la sociedad que dirigiría el nuevo conglomerado. La dirigente se preguntó “qué sería prioritario” entre la obra social y los beneficios económicos.

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